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Juicio por trata de seres humanos: irregularidades en los registros y cuestionamiento de las diligencias de la Guardia Civil.

Agente de la Guardia Civil. EFE
Agente de la Guardia Civil. EFE

El juicio contra 13 personas por trata de seres humanos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial está llevando a cabo el juicio contra 13 personas que se enfrentan a penas de entre ocho y 11 años de cárcel por 12 delitos de trata de seres humanos. Estos delitos fueron cometidos a través del engaño y abuso de una situación de necesidad de las víctimas, con la intención de explotarlas laboralmente mediante prácticas similares a la servidumbre por deudas.

Las cuestiones planteadas por el abogado defensor

El abogado Marcos García-Montes, representante legal del principal imputado, ha planteado dos cuestiones a la Sala. En primer lugar, argumenta que el cese de la empresa fue ordenado por el juez de La Roda a petición de la Guardia Civil, y no a petición del fiscal o de las partes involucradas, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Además, no se ha dado traslado de esta petición a ninguna de las partes. En segundo lugar, García-Montes cuestiona la autenticidad de los registros llevados a cabo, ya que en las Actas se ha alterado el nombre del Letrado de la Administración de Justicia, lo cual es una grave irregularidad.

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La petición de nulidad

El abogado defensor solicita la nulidad de las entradas y registros, así como la nulidad del juicio en su totalidad. Esta petición ha sido apoyada por el resto de los letrados defensores y será decidida por el Tribunal una vez finalizado el juicio.

Las declaraciones de los acusados y las diligencias de la Guardia Civil

Los acusados niegan cualquier complicidad y afirman que todos los trabajadores estaban dados de alta en la Seguridad Social. García-Montes también critica las diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil, que según él no están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas “entrevistas”, como las llama la Guardia Civil, son simplemente declaraciones testificales en las cuales los trabajadores afirmaron que tenían vivienda gratuita y no habían sido traídos desde otros lugares.

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El abogado defensor pedirá tanto la nulidad como la absolución de su cliente.


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