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Se han capturado a 41 personas por la comisión de delitos relacionados con el cobro indebido de beneficios públicos

Policía Nacional

La Policía Nacional detiene a 52 personas por cobro ilegal de prestaciones públicas

La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación en la que se han detenido a 52 personas por presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. Entre los detenidos se encuentra un abogado que, junto con otras personas, creaba empresas ficticias sin actividad para facilitar el cobro del paro a trabajadores. El fraude asciende a más de 300.000 euros y afecta tanto al SEPE como al INSS.

Investigación sobre una sociedad con actividad irregular en Albacete

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta denuncia alertaba sobre actuaciones irregulares llevadas a cabo por una empresa con actividad en Albacete que estaba eludiendo sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. La empresa se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de maquinaria y suministros agrícolas, pero tras las comprobaciones se descubrió que no existía ninguna actividad comercial y que se trataba de una vivienda residencial según los registros. Varios trabajadores de la empresa declararon que nunca habían trabajado allí y que habían pagado a alguien para cotizar a la Seguridad Social.

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Identificación del supuesto responsable y sus sociedades ficticias

Tras las investigaciones, se identificó a una persona, junto con su esposa, que figuraban como administradores de 30 sociedades. La mayoría de estas empresas se dedicaban al comercio al por mayor de maquinaria y suministros agrícolas en varias ciudades de España. Todas estas empresas tenían en común a un abogado de Albacete como tramitador autorizado ante la Seguridad Social. Tanto el abogado como el administrador tenían antecedentes policiales por fraude y falsificación documental.

Creación de empresas ficticias para cobrar ilegalmente prestaciones por desempleo

La investigación se centró en el abogado autorizado ante la Seguridad Social, quien junto con otras personas, dirigía empresas sin actividad real y daba de alta trabajadores en la Seguridad Social para que pudieran obtener prestaciones por desempleo de forma ilegítima. Además, estos administradores ficticios también hacían que sus familiares cobraran el paro del SEPE. Se descubrió que muchas de las empresas gestionadas por el abogado eran ficticias, pero también se encontraron otras empresas con altas irregulares de trabajadores que sí tenían actividad real.

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Detención de 52 personas por fraude en obtención de prestaciones

Como resultado de las investigaciones, se llevó a cabo un operativo que condujo a la detención de 52 personas en diferentes provincias de España. La mayoría de las detenciones se realizaron en Albacete, y también hubo detenciones en Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia. A los detenidos se les atribuyen delitos de fraude en la obtención de prestaciones. Además, tanto el abogado como sus testaferros han sido acusados de pertenencia a un grupo criminal debido a la presunta creación de un entramado empresarial para defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.

Perjuicio económico y fraude a la Hacienda Pública

El perjuicio económico causado por este fraude asciende a más de 304.094 euros, cantidad que podría haber sido mayor de no ser por la intervención policial. Se han detectado nuevas empresas ficticias que han sido dadas de baja para evitar más fraudes. Además, se ha descubierto un fraude a la Hacienda Pública de aproximadamente 12 millones de euros, el cual está siendo investigado por la Agencia Tributaria de Albacete.

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