Policía Nacional detiene a vecina de Albacete por usurpación de estado civil, falsificación documental y estafa
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de Albacete por usurpar la identidad de una ciudadana de Palma de Mallorca. La detenida se dio de alta en una compañía telefónica y adquirió varios productos utilizando los datos de identidad de la víctima. La investigación comenzó a raíz de la denuncia de la mujer de Palma de Mallorca, quien recibió facturas de una compañía telefónica sin haber contratado ningún servicio. La Policía Nacional logró identificar a la autora de los hechos, una vecina de Albacete, quien finalmente fue detenida por usurpación de estado civil, falsificación documental y estafa.
Identificación del teleoperador y técnico responsable
Durante la investigación, se logró identificar al teleoperador de la compañía telefónica que supuestamente facilitó los datos a la detenida. Además, también se identificó al técnico que realizó la instalación de los productos adquiridos en el domicilio de Albacete. El teleoperador tenía su actividad laboral en un país de Sudamérica, mientras que el técnico ya había sido identificado previamente por un delito de falsificación documental.
Método utilizado por la estafadora
La detenida declaró haber adquirido los datos de la víctima a través de un operador de telefonía que la llamó para captarla como cliente. En un principio, rechazó la oferta debido a su situación de deudora en los ficheros de morosidad. Sin embargo, posteriormente recibió otra llamada del mismo comercial desde otro número, esta vez facilitándole los datos de otra persona para poder realizar la contratación. De esta manera, la estafadora evitó ser detectada al realizar la contratación bajo una identidad falsa.
Persecución complicada
Este tipo de operativa busca alcanzar objetivos comerciales marcados por las compañías telefónicas, ya sea para recibir incentivos o simplemente mantener su puesto de trabajo. El hecho de que los delitos ocurran en otro país dificulta su persecución. En este caso, la detenida se benefició de servicios que no podía contratar directamente debido a su situación de morosidad. Al dejar de pagar las facturas, la compañía reclamó la deuda a la verdadera titular de los datos usurpados.
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